Sería el momento de aplicar el artículo 128 de la Constitución que
establece que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad,
está subordinada al interés público y que faculta al Estado para
intervenir empresas cuando así lo exigiere el interés general. Es
evidente que mientras estemos gobernados por partidos con muchos de sus
exministros y expresidentes cobrando generosos salarios por sentarse
como asesores en consejos de administración de las empresas energéticas,
la aplicación del 128 es pura ciencia ficción. Pero quienes queremos
cambiar las cosas tenemos que plantearnos el escenario en el que
pudiéramos tomar la decisión.
¿Qué es lo que ocurre en realidad? Pues que estamos en manos de
gobernantes que han sabido combinar lo peor de los sistemas de libre
mercado (el poder en manos de una minoría de propietarios) con lo peor
del llamado socialismo real (el poder en manos de una minoría de
burócratas). El resultado es la liberal-burocracia que nos gobierna;
mediocres que tienen la administración pública en sus manos y que la
subordinan a los intereses de grandes propietarios (eléctricas, bancos…)
que jamás han sido emprendedores, sino simples rentistas y
especuladores, especialistas en vivir y enriquecerse a costa del trabajo
y las ideas de los demás.
