El escándalo surgido en torno al nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos,
ha venido a poner de manifiesto una de las mayores lacras de nuestra
sedicente democracia, cual es la ocupación por ex altos cargos y
militantes del partido del Gobierno de los puestos de dirección de
organismos reguladores e instituciones del Estado teóricamente
encargados de fiscalizar la labor del Ejecutivo, lacra responsable en
gran medida de la muy pobre calidad de nuestra democracia, hasta el
punto de que su corrección se ha convertido por derecho propio en meta
de cualquier intento serio de regeneración del sistema. Las presidencias
del TC, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del
Banco de España (BdE), del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo,
del Consejo de Estado... por no hablar de esa macro non nata
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), están en manos
de antiguos dirigentes y militantes del PP, cuya independencia a la hora
de vigilar la acción de Gobierno al que deben el cargo es cero o
próxima a cero. En el lacerante turnismo que padecemos, cuando
Gobierna el PP mandan los hombres del PP en los órganos de regulación;
cuando gobierna el PSOE, lo hacen los del PSOE.
