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Las consecuencias de todo ello, es una enorme concentración de poder en la clase política, un dominio sobre los estamentos jurídicos y socio-políticos; el privilegio del ejecutivo de legislar a base de reales decretos, porque tiene la misma composición de mayoría en el Congreso que puede ratificarlo; una pérdida de garantías de los derechos fundamentales del ciudadano frente al poder de los grupos sociales o políticos que pueden cambiar los asientos jurídicos en pos de la presión social. Una pérdida real del contrapeso judicial ante la irresponsabilidad del legislativo, lo que provoca una inseguridad jurídica ante la ciudadanía y el sistema económico de mercado, dada la facilidad de un omnímodo poder del Gobierno para regular cuales leyes quiera que pisoteen de manera franca los más fundamentales derechos de los ciudadanos.
