Esa infraestructura que nunca llegó a operar, promovida por ACS e
impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es un ejemplo
de libro de socialización de las pérdidas de una empresa privada y
fue la primera que seleccionó el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para
su programa de project bonds (bonos de proyecto),
una herramienta para guiar las inversiones del sector privado hacia
grandes proyectos de infraestructuras que va a utilizar el plan de
Juncker.
El cierre del almacén ubicado sobre una falla tectónica frente a las
costas de Vinaroz (Castellón) va a costar a todos los consumidores
españoles la friolera de 4.731 millones de euros. La cifra es una
estimación de la OCU basada en los 1.350 millones de indemnización ya
abonados a su promotora, Escal UGS (controlada por ACS), y los intereses
(actualmente fijados en el 4,27% anual) que abonarán los usuarios para
pagar a la banca (que ha financiado inicialmente la minuta) esa
multimillonaria factura a través de sus recibos del gas durante 30 años.
