El modus operandi consistía en que los condenados realizaban pruebas diagnósticas de elevado coste en el Hospital Gregorio Marañón que procedían de pacientes de dos hospitales privados de Madrid. Los costes de esas pruebas los asumía el erario público pero los condenados las facturaban a los pacientes y recogían los beneficios.
La condena lo que viene a visibilizar, según Rosa M. Cuadrado, secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, es la “falta de transparencia y control de la gestión en los servicios públicos”. Se trata así de “una condena ejemplarizante y un reconocimiento moral”, subraya Cuadrado, pero “nos recuerda que este caso es una ‘gota en el océano’ y que es urgente que la Comunidad de Madrid vaya más allá y de una vez trabaje en la articulación de mecanismos prácticos y eficaces de control de los medios y los fondos públicos”.
