Se pedía a la población que se quedara en casa cuando muchas personas no tenían un techo decente, acceso a agua potable, instalaciones de saneamiento ni medidas de protección social.
Durante muchos años se han subcontratado servicios públicos vitales a empresas privadas. A menudo esto ha tenido como resultado ineficiencia, corrupción, empeoramiento de la calidad, aumento de costes y el consecuente endeudamiento de los hogares. Esto ha provocado la marginación de las familias más pobres y el debilitamiento del valor social de necesidades básicas como la salud, el techo y el agua potable. Necesitamos un cambio de rumbo radical.
Hubo un rayo de esperanza cuando parecía que la gente empezó a reconocer la importancia fundamental de los servicios públicos para el funcionamiento de la sociedad. Como dijo el presidente francés Emmanuel Macron el 12 de marzo, la pandemia ha revelado que existen bienes y servicios que deben quedar fuera de las leyes del mercado.
Al subcontratar los bienes y servicios públicos a empresas privadas, los gobiernos solo defienden con palabrería sus obligaciones en materia de derechos humanos. Personas con derechos se transforman en clientes de empresas privadas que se dedican a maximizar sus beneficios y no responden a los intereses públicos, sino a los de sus accionistas. Esto afecta al núcleo de nuestras democracias, contribuye a aumentar la brecha de desigualdad y genera una segregación social insostenible.
Somos seis expertos independientes que trabajamos o hemos trabajado para las Naciones Unidas. Tenemos diferente formación, somos o hemos sido relatores especiales de la ONU sobre derechos económicos, sociales y culturales. Nos hemos unido para compartir este mensaje: para tomar en serio los derechos humanos se debe abandonar el modelo de Estado en el que los gobiernos ceden ante las empresas privadas.
Estamos en estado de emergencia. Esta es probablemente la primera de una serie de grandes crisis que se avecinan, impulsadas por la creciente emergencia climática. Se calcula que la pandemia de la COVID-19 empujará a 176 millones de personas a la pobreza. Cada una de esas personas sufrirá una violación de sus derechos humanos a menos que cambiemos radicalmente el modelo y la inversión en la calidad de los servicios públicos.
