Las prótesis en cuestión son las conocidas como ASR, fabricadas por DePuy, filial del gigante farmacéutico Johnson & Johnson. Entre los profesionales médicos eran conocida como el "Rolls Royce" de las prótesis de cadera, ya que aguantaba el doble que sus competidoras sin necesidad de cambiarla.
Sin embargo, una investigación de la Administración de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) averiguó que no sólo no era así, sino que no eran seguras de utilizar, ya que se soltaban y podían causar infecciones al poco de ser implantadas, por lo que optó por retirarlas del mercado.
En nuestro país, las ASR no se retiraron hasta un año después de que la FDA las incluyese en su 'lista negra' por no considerarlos lo suficientemente seguros. La compañía farmacéutica simplemente dejó el mercado de EEUU y vendió más de 93.000 unidades por todo el mundo, incluida España.
La multinacional usaba su filial "para generar confusión" en el proceso y como argumento durante sus recursos. Cuando recibió la reclamación de la afectada, "se limitó a identificar tardíamente" a uno de los fabricantes de la prótesis sin aportar prueba alguna. De acuerdo con la sentencia, esta técnica era una forma de "confundir" y "forzar al demandante" a iniciar un procedimiento contra su filial sin tener garantía alguna de que De Puy era el responsable legal de la prótesis.
Es por ello que, según explica el letrado, la decisión del Tribunal Supremo afecta favorablemente "a cualquier persona que haya resultado perjudicada por un producto defectuoso, y no únicamente a personas implantadas por prótesis defectuosas", ya que obliga a las empresas a comunicar de manera clara y precisa quién es el fabricante de sus productos en caso de reclamación, sin tener la posibilidad de utilizar este aspecto como argumento en un litigio judicial.
