Desafortunadamente, en el debate político de los últimos tiempos se ha puesto de moda definir esta época como la era de la posverdad. Intentar construir con el lenguaje político mentiras que suenen a verdad es seguramente tan viejo como el arte de la política, pero recientemente estamos observando unos ejercicios de construcción de realidades paralelas sin ninguna correspondencia con la realidad empírica que va mas allá de lo que estábamos acostumbrados.
En contra de lo que suelen afirmar los detractores del autoconsumo, el autoconsumidor sí sigue pagando el sistema en la misma medida que cualquier otro ciudadano o empresa que lo utiliza. El término de potencia de la factura permanece inalterable, el autoconsumidor no puede reducirla debido a la variabilidad del recurso solar, y el término variable en función de la energía que usa de la red. Con la parte fija de la tarifa se pagan el 70% de los cargos y peajes. Del 30% restante que es la parte variable, los autoconsumidores solo dejarían de pagar la parte proporcional de los cargos de la energía que no consumen del sistema. Como cualquier otro ciudadano que redujera su consumo eléctrico.
Por todo ello, la proposición de ley de autoconsumo presentada recientemente en el Parlamento español, intentando restablecer los derechos ciudadanos y el sentido común en la normativa al respecto, es una normativa progresiva que beneficia al conjunto de los consumidores económica y ambientalmente. Esta es la realidad real, no la paralela que se quiere construir.