La corrupción política que, evidentemente, también tiene su coste para las arcas del Estado. Según varios estudios independientes la corrupción política le cuesta a los españoles 87.000 millones de euros al año. Precisamente, en esa corrupción también están metidos interpretando el papel del corruptor parte de esas élites empresariales que ya defraudan al Estado gracias a su ingeniería fiscal o a su movimiento de capitales hacia paraísos fiscales o hacia otros países que tienen unas tasas impositivas más laxas dentro de la propia Unión Europea (Luxemburgo o Irlanda, por ejemplo).
Las cifras son escandalosas, a la vez que desalentadoras. Sólo con lo que las grandes fortunas y las grandes empresas defraudan al Estado español se podría sostener el Sistema de Pensiones y garantizarse una Sanidad de calidad a todos los ciudadanos. Si a esto le sumamos los costes de la corrupción tendríamos que cada año los españoles sufrimos recortes porque unos pocos se aprovechan de su poderío económico, de su acceso a las redes de poder y de su influencia para no aportar lo que les corresponde para sostener algo tan básico y fundamental en una democracia como es el Estado del Bienestar.
¿Qué mayor traición hay hacia el Reino de España que la de provocar la caída de uno de los cimientos sobre los que se asienta cualquier Estado democrático? Por eso los delitos cometidos contra la Hacienda Pública deberían ser incluidos dentro de ese Título XXIII del Código Penal por el daño que causan a quien es depositario de la Soberanía Nacional. Quienes defraudan están cometiendo un delito que bien podría ser de alta traición contra el pueblo español.
