El sector de la sanidad privada movía, en 2016, 28.858 millones de euros frente a los 71.477 millones de la pública en el mismo año. Un 2,6% frente a un 6,4% del Producto Interior Bruto (PIB), según señala el informe de la Fundación IDIS de 2019. La diferencia: la sanidad privada tiene como objetivo el reparto de beneficios.
Solo en 2018, el Grupo Quirón —propiedad desde el pasado año del gigante alemán Fresenius—, el que más camas acumula en España del sector privado, obtuvo 413 millones de euros en beneficios. Ahora, en plena crisis sanitaria provocada por el coronavirus, las empresa sanitarias solicitan al Gobierno, a través de la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), medidas de apoyo para su viabilidad económica, las cuales van desde el no pago de tributos a líneas de financiación y subvenciones. Mientras, en algunos de los centros han propuesto expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) e incluso han presionado a sus trabajadores para que tomen vacaciones durante la crisis sanitaria.
“El problema de la sanidad privada es que las plantillas están recortadísimas, un trabajador de la privada equivale a tres o cuatro en la pública”, explica Samuel Mosquera, portavoz de CCOO Sanidad Privada en Madrid y trabajador en uno de los centros sanitarios privados madrileños. “En una epidemia en la que faltan tantas manos, ¿cómo es posible que se prescinda de trabajadores sanitarios?”, continúa. Y es que varios de estos grandes grupos están despidiendo, acogiéndose a ERTE —sobre todo en el caso de las clínicas dentales— o presionando a sus trabajadores a tomar vacaciones. Uno de ellos es HM Hospitales, el peor en cuanto a actuación ante la crisis.
