22 abr 2019

El FMI estima que la corrupción cuesta unos 60.000 millones anuales a España (4,5%PIB)

Combatir o no la corrupción tiene un impacto de en torno al 4,5% del PIB en los países desarrollados. Esa es la conclusión a la que llega el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre la corrupción, entendida como "el abuso del poder público para una ganancia privada". "Los países que entran en el 25% superior en términos de control de la corrupción entre las economías desarrolladas tienden a recaudar un 4,5% más del PIB en ingresos tributarios que los países del 25% inferior", concluye el Informe "Frenando la corrupción" publicado por el Fondo este mes de abril.

El estudio no menciona directamente a qué países incluye en cada grupo pero fuentes del FMI aclaran a Vozpópuli que a la hora de definir los grupos de países más y menos corruptos, el informe del Fondo se ha apoyado en los informes de "Control de la Corrupción" de los Worldwide Governance Indicators (WGI), que ponen en relación todos los indicadores mundiales existentes en materia de percepción de la corrupción por parte de la sociedad - en especial, por parte de empresarios -, y que sitúan a España "en el 25% inferior en términos de control de la corrupción entre las economías desarrolladas". (Ver más >)

La clase política está absorbida en su propio discurso, aislada de los problemas de la vida cotidiana

España es uno de los países de la Unión Europea de los Quince (el grupo de países de la UE con mayor nivel de desarrollo económico) donde hay más distancia entre la percepción de lo que la mayoría de la población considera que son los principales problemas del país, y lo que los establishments políticos y mediáticos así consideran. Esta distancia entre lo que la gente normal y corriente cree que es más importante y lo que aquellos establishments valoran más es enorme y alcanza niveles sin precedentes. Veamos los datos.


Todas las encuestas creíbles (que no son muchas) señalan que el interés y las preocupaciones de las clases populares (que son la mayoría de la población) son; 
  1. La elevada tasa de paro (que alcanza unas dimensiones alarmantes entre las personas que desean trabajar y no encuentran trabajo), 
  2. La excesiva precariedad entre gran parte de los que sí que lo encuentran, 
  3. Los bajos salarios (y, consecuentemente, la dificultad para llegar a fin de mes), 
  4. La limitada accesibilidad al alquiler y a la vivienda
  5. La reducción de la capacidad adquisitiva de las pensiones (sí, repito, en contra de lo que se publica en los mayores medios, de las más bajas de la UE-15), 
  6. El crecimiento de las listas de espera en la sanidad
  7. La subfinanciación del sistema educativo (con las tasas universitarias más altas de la UE) 
y otras realidades que señalan la enorme crisis social que existe en España, sin precedentes en la época democrática, como he documentado extensamente en mis trabajos (ver mi artículo “El enorme sufrimiento causado por el neoliberalismo y sus responsables”, Público, 26.03.19).

En cambio, en los grandes medios de comunicación y en los fórums políticos el GRAN TEMA que ha absorbido la gran mayoría del espacio y tiempo ha sido lo que se llama en ocasiones el “tema territorial”, también conocido como el “tema nacional” o también “la relación entre España y Catalunya” (ignorando, en este último caso, que la mayoría de catalanes no desea la independencia). Tan alejada está la percepción de lo que es “más importante” por parte de los representantes políticos por un lado, y de los representados por el otro, que este alejamiento ha pasado a ser percibido por la mayoría de la población como un problema grave del país. 

Desde hace años se ha ido percibiendo que existe una clase política ensimismada y supertensa, absorbida en su propio discurso y temáticas, aislada de los problemas de la vida cotidiana de las clases populares. Mientras la tensión territorial entre el Estado español y la Generalitat de Catalunya ocupa la mayor parte del espacio político y mediático del país, apenas aparece entre las principales preocupaciones a nivel de las clases populares. Sí que aparece, en cambio, como problema, el comportamiento de la clase política. No hay duda de que ello está creando un problema de legitimidad del Estado, así como el crecimiento de la desorientación, el cansancio y la abstención.

¿Por qué existe esta distancia entre lo que preocupa a la gente y lo que preocupa a la clase política? ¿Y por qué no se habla de ello?

Han sido los mayores medios los que han configurado este marco de lo aceptable o no en el debate político. Se han convertido en los principales responsables de la ocultación de la crisis social y sus responsables. De la misma manera que vemos en los partidos políticos que a mayor es su neoliberalismo, mayores son su “patriotismo” y su ondeo de las banderas, vemos en los medios que, a mayor neoliberalismo, mayor espacio dan al tema nacional. Y el problema es que en España no hay ningún gran medio ni de centroizquierdas ni de izquierdas.

Pregúntese, lector, por qué, y mire qué han estado haciendo tales medios durante todos estos años y su servilismo hacia las estructuras del poder. Hay muchos manipuladores y falseadores de la realidad en los medios que deberían ser censurados por los organismos profesionales representativos de tal cuerpo, los cuales permanecen en silencio ante casos tan obvios de mala práctica y sinvergüencería. Así de claro. (Ver más >)

19 abr 2019

Lo políticamente correcto es un encubrimiento de los verdaderos problemas

Slavoj Žižek, filósofo y crítico cultural esloveno, ha sido llamado el “Elvis de la filosofía” y es una auténtica estrella académica. Una de sus posturas más controversiales es la que considera que el sistema de lo políticamente correcto es un encubrimiento de los verdaderos problemas. Y la opción de introducir una suerte de racismo consciente en la conversación, una gran opción.


Žižek no considera que las personas que tratan de ser políticamente correctas tengan una intención oculta o malvada, pero sí que ese sistema de corrección les impide llevar el verdadero problema a la superficie. A un lugar en donde el racismo, el sexismo y un largo etcétera pueden ser resueltos, en lugar de ser guardados bajo peligrosas capas de tolerancia. Al filósofo, el tema mismo de la tolerancia le parece engañoso.

La verdadera aceptación del “otro” queda truncada ante la falsa noción de la tolerancia. Una que para el esloveno traduce la dominación que permite el racismo en términos aceptados socialmente. Ser tolerante es absolutamente ambiguo y en realidad no lleva implícita la aceptación o el respeto que viene del conocimiento, más bien es un acto de “tolerar” que el otro exista, mientras esté a una distancia prudente. La tolerancia implica una aceptación a medias para cumplir con lo que la sociedad espera de nosotros. De nuevo, la corrección política.

Žižek plantea el sistema que nos obliga a ser políticamente correctos como una medida desesperada al saber que el problema real no puede ser resuelto. Una que vuelve socialmente inaceptable hablar del problema, y lo condena al ostracismo. El verdadero movimiento que venza al racismo sería uno que permitiera hacer exactamente las mismas bromas sin ser considerado racista.

16 abr 2019

La tertulitis consigue que la opinión de unos pocos parezca mayoritaria


Están en la radio, casi a cualquier hora, como una lluvia fina que nadie teme pero que termina calando hasta los huesos. Están en la televisión a todas horas en permanente servicio de guardia. Son las tertulias, el viejo y noble arte de reunirse alrededor de una mesa con el propósito de intercambiar ideas, opiniones, a veces dogmas. Veo que Cristina Cifuentes se ha incorporado como tertuliana VIP al matinal de Ana Rosa. Veo que los comentaristas de Antonio García Ferreras departen animosos sobre un cartel falsificado que el programa ha atribuido a Tsunami Democràctic sin ninguna verificación. Veo que Javier Negre, inquilino permanente de los platós españoles, se ha comido una condena por haber publicado una entrevista que jamás fue concedida.


Algunos medios privados de comunicación, desde luego los más poderosos y lucrativos, han cultivado un ecosistema de opiniones a menudo uniformes y cortadas por el mismo patrón. De vez en cuando se tolera alguna voz discordante y minoritaria que enseguida es acallada por los demás tertulianos o por el propio presentador, llegado el caso. La disidencia se administra en pequeñas dosis igual que un médico inyecta una cantidad menor de un virus en una vacuna. Así se inmuniza al público. Así se transmite el mensaje de que el mal existe pero es intrascendente. Así se predica la ilusión equívoca de que todas las opiniones, incluso las más exóticas, son permitidas con tal de que no tengan consenso.

Todavía recuerdo —y paladeo— el paso de Willy Toledo por el tablero de Al Rojo Vivo en La Sexta. A nadie se le escapa que Toledo ha permanecido vetado durante una década después de haber sido un actor de cabecera del cine español. Sus opiniones políticas no agradan a los dueños del corral. García Ferreras, sin embargo, no tuvo inconveniente en invitarlo a su programa. Al fin y al cabo, no iba a ser más que una intervención esporádica. El objetivo del programa era presentarlo a la audiencia como un loco en un debate amañado donde no faltarían los estribillos habituales. Cuba. Venezuela. El tiro salió por la culata y las intervenciones de Willy Toledo se viralizaron en las redes. Supongo que no volverán a invitarlo.

8 abr 2019

El secuestro del Estado por la elite de la Administración

Todos esos organismos están trufados de altos funcionarios nombrados a dedo. Los “partidos del turno” se han negado en redondo a sacar las manos de esos centros de poder, porque hacerlo hubiera significado perder mucha capacidad de mangoneo y quedar expuestos a la acción de la Justicia, razón por la cual había que ocupar los dichos organismos y la propia Justicia. 

Los 60.000 millones empleados en el rescate de las Cajas de Ahorro no hubieran sido necesarios si al frente del BdE no hubiera estado primero Jaime Caruana (PP) y después un socialista contemplativo y ramplón, un jeta de estricta obediencia como el famoso MAFO, y si él y su claque en Cibeles, en particular Javier Aríztegui, responsable de Supervisión antes y subgobernador después, no hubieran impedido al antaño prestigioso cuerpo de inspectores de nuestro banco central ejercer con independencia su labor fiscalizadora sobre balances y cuentas de resultados de las entidades de ahorro.


Algo habría que hacer para poner fin al secuestro del Estado por las elites administrativas. Algo, para evitar el despilfarro de fondos públicos empleados en mantener el nivel de vida de varios miles de altos funcionarios y políticos en cesantía convertidos en “grasa” del sistema, gente a la que resultaría más barato mantener en su casa cobrando el sueldo que enviarlos a puestos para los que técnicamente no están preparados. Al menos evitaríamos el daño que causan al prestigio de las instituciones y a la calidad de nuestra democracia, dificultando una corrupción que se alimenta de la ausencia de contrapoderes efectivos entre los políticos en ejercicio y los gestores públicos. 

Es evidente que una de las obligaciones de un Ejecutivo es dirigir la Administración, y que todo nuevo Gobierno necesita contar con gente de confianza al frente de las instituciones para poder llevar a cabo los cambios que los ciudadanos demandan en las urnas, pero de ahí a la ominosa exaltación del nepotismo en que se ha convertido el sistema de libre designación media un abismo. 

¿Qué hacer? Tal vez empezar por delimitar claramente las carreras del alto funcionario y del político, cuyas trayectorias a menudo se confunden, poniendo barreras a ese trasiego entre una y otra trinchera que suele hacerse con las ventajas de ambas en la mochila y casi ninguna obligación. Poniendo coto al dedazo de la libre designación, y universalizando los nombramientos en base al tan vapuleado concurso de méritos. Exaltando el valor de talento y esfuerzo. Y para empezar, tal vez deberíamos preguntar a la clase política qué opina al respecto y cómo piensa acabar con esta escandalosa situación en caso de llegar al poder el 28 de abril.