Imagínense que un presidente de sala del Tribunal Supremo encarga a una de sus secciones que fije doctrina en un controvertido asunto tributario. Lo hace porque los magistrados miembros de la misma resultan ser los más reconocidos expertos judiciales en esa específica rama del derecho. Imaginen que ese tribunal no solo sienta esa doctrina por una amplísima mayoría sino que, además, anula aquel precepto legal que, de manera única, fundamentaba la jurisprudencia anterior.
Imaginen que el presidente, cabreado porque nadie le ha avisado de un cambio jurisprudencial con el que o no contaba o no está de acuerdo, hace aquello que tenía que haber ejecutado desde el primer día: convocar el pleno de la Sala para que tan importante decisión cuente con el mayor respaldo jurídico posible. Imaginen finalmente que dicho Pleno restablece la jurisprudencia anterior, exclusivamente basada en un artículo que ya no está en el reglamento porque ha sido anulado, contraviene el criterio de los ponentes de las dos nuevas sentencias y lo decide en una votación ajustada donde, al parecer, algunos magistrados dijeron una cosa y luego votaron exactamente lo contrario.
No es el Proceso de Kafka, ni un guión de The Good Fight: es el Tribunal Supremo de España.
Una vez más la banca gana y vuelve a asombrarnos con su inagotable capacidad para lograr que ejecutivos, gobiernos, reguladores, medios y ahora también jueces y magistrados de las más altas instancias se inmolen sin dudarlo para garantizarle su mayor gloria y beneficio.
