"Yo me dedico a esto y lo que acaba de ocurrir, la verdad, me asusta. Como empresa nos beneficia, nos va a permitir ser brutalmente precisos, pero a nivel legal es muy preocupante". Así de crudo y sincero es un directivo que trabaja con los principales partidos políticos españoles realizando campañas 'online' y detallados perfiles de usuarios con un único objetivo: ganar votos. Pide mantener el anonimato para no perjudicar a su compañía, "ahora se nos ve como el mismísimo diablo, y la culpa no es nuestra, es de los legisladores". Lo dice en referencia a la nueva Ley de Protección de Datos (LOPD) aprobada esta semana en el Senado que da luz verde a algo sin precedentes en la democracia española: que los partidos políticos puedan crear perfiles ideológicos de ciudadanos y contactar con ellos por WhatsApp (o por teléfono) sin su consentimiento para enviar propaganda electoral.
Los partidos políticos tienen ahora carta blanca para recopilar datos sobre tu ideología, algo prohibido en la Constitución y en el reglamento europeo de privacidad"
"Conseguir los números de móvil es lo más fácil que hay. Por ejemplo: lanzas una web en la que pides opinión sobre tu programa electoral a través de votaciones. Para validar los votos, pides su número de móvil. Ya está, lo tienes. Esto ya lo hizo el PP en el 2007. La gran diferencia ahora es que si cruzas los datos ideológicos que obtienes rastreando la actividad de la gente en redes sociales con su número de móvil, lo tienes todo. Puedes enviar mensajes hiperpersonalizados al teléfono de cada persona para influir y cambiar el voto. Ya no hablamos de propaganda, eso es manipulación", explican las fuentes consultadas en empresas españolas de 'targeting'.
"Bolsonaro compró bases de datos de grandes cadenas comerciales para hacer envíos masivos de propaganda y 'fake' news a través de WhatsApp. Ya sabemos lo que pasó luego.
La preocupación se entiende al instante al conocer cómo funcionan las consultoras contratadas por los partidos políticos para ayudarles en sus campañas 'online'. Las posibilidades que abre la normativa son tan poderosas que su conclusión es clara. "Esto es un Cambridge Analytica legalizado", reconoce un directivo de una empresa española de 'targeting' político en referencia al escándalo de la consultora británica que usó datos de millones de usuarios de Facebook para venderlos luego al equipo de campaña de Donald Trump.
