La entrada en vigor del impuesto al sol
en España, una tasa abiertamente diseñada para desincentivar el uso de
la generación distribuida de electricidad mediante instalaciones de
placas solares en los hogares, demuestra de manera palmaria la vocación
del gobierno español por proteger a las empresas de generación de
electricidad, convertidas en este país en un auténtico cementerio de elefantes para políticos.
La ley es un auténtico ejercicio de prevaricación,
en su definición literal del Diccionario de la Real Academia Española:
“delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una
autoridad, un juez o un funcionario”. Mientras todos los países
civilizados se afanan por incentivar, en muchos casos con exenciones de impuestos a su instalación, el desarrollo de la generación distribuida,
en España, uno de los países con mejores condiciones para ello, el
gobierno intenta por todos los medios evitar que los techos de sus
hogares se llenen de placas solares.
Llevada por la ley de Swanson, la energía solar y la generación distribuida se están convirtiendo en la gran esperanza de una energía renovable, barata y sostenible en todos los países del mundo. La descentralización de la generación es una tendencia mundial, las placas solares proliferan en los tejados
de las casas de todo el mundo, y que sea así tiene todo el sentido.
Salvo en España. En uno de los países con mejores condiciones para ello,
un gobierno corrupto se dedica a desincentivar esa tendencia
