Un análisis que ha hecho el periodista Carlos Fonseca acerca de las
responsabilidades políticas de una crisis que solo pagan los ciudadanos.
César Alierta, presidente de Telefónica, a sus 68 no piensa jubilarse,
pero ha echado a la calle a 7.000 trabajadores de más de 53 años. Ocho
de cada diez jóvenes españoles viven
con sus padres porque no ganan suficiente para independizarse. En 2012,
un desahucio era ejecutado cada 15 minutos. La directora del FMI
Christine Lagarde pidió a España una bajada adicional de los salarios
del 10%, pero a la semana de llegar al cargo se aumentó el sueldo 11%.
Con los números basta para darse cuenta: esta crisis no la pagan sus
responsables. La pagan los ciudadanos.
No queda títere con cabeza en estas páginas: ni socialistas ni
conservadores; ni ministros ni banqueros… ¡Hasta los eurodiputados!
Sobre este último tema –que cobra especial interés con
las elecciones el próximo 25 de mayo-, Fonseca aporta datos
demoledores. Hasta el año 2009, los eurodiputados cobraban lo mismo que
los parlamentarios en sus países de origen. Sin embargo, ese año –en
plena crisis- la reforma del Estatuto del Eurodiputado estableció un
sueldo idéntico para todos:
7956 euros -6.200 euros netos- al que se suma 4299 euros mensuales para
gastaos corrientes y 304 euros diarios en dietas. Además, claro, de
21.209 euros para contratar una asistente y una pensión equivalente al
3,5% de la asignación parlamentaria por cada año completo del ejercicio
del mandato. La brecha entre lo que reciben unos y otros no puede ser
más escandalosa.
Escrito a la manera de un extenso análisis sobre las responsabilidades
morales y políticas que condujeron al colapso financiero español y
Europeo, Carlos Fonseca
hace un minucioso recorrido por los principales actores de uno de los
retrocesos sociales más severos que ha vivido España: menos derechos y
de peor calidad; jubilaciones cada vez más tardías; precariedad laboral y
abaratamiento del despido; el empeoramiento de las condiciones de
trabajo (90% de los contratos de trabajo firmados en 2012 eran
temporales) y la caída en picado del bienestar de la población. Sus
afirmaciones se sustentan además, en cifras y datos que hacen todavía
más compleja y evidente la gravedad de la situación.
