La documentación deja en evidencia el intento infructuoso de que la UE ocultase o rebajase un informe crítico con la investigación del siniestro hecha por España, demorado hasta después de las elecciones generales de 2016.
La Plataforma de Víctimas de Angrois ha abierto una causa judicial paralela a la penal para obligar al Gobierno a cumplir con la normativa europea y llevar a cabo la investigación que la UE aún considera pendiente.
El foco de la investigación judicial sobre la actuación de Adif y no solo del maquinista se acrecentó cuando en 2016, a instancias de la Plataforma de Víctimas del accidente y del BNG, la Comisión Europea hizo público un informe de la Agencia Ferroviaria de la UE (European Union Agency for Railways, ERA, en inglés) crítico con la manera en que la CIAF se había centrado en el conductor y no había analizado otras “causas fundamentales” del siniestro. El informe elaborado por la ERA no solamente certificaba esa falta de independencia previa sino también los defectos de su investigación sobre el accidente de Angrois y recomendaba hacer un nuevo análisis de aquel siniestro
aún hoy no realizado.
Los responsables de ese asesinato en masa no están tan lejos de los etarras como ellos creen. Los etarras entienden la muerte como algo justificable por unos ideales. Estos directivos, ya convenientemente colocados, recolocados, y escaqueados, entienden la muerte como algo justificable a cambio de una jugosa nómina.
Políticos y ejecutivos, personajes inmundos que no valían para ese puesto, propiciaron que ese accidente fuera posible, dejando caer toda la responsabilidad en el eslabón más débil.
Hay muchos políticos, aún en activo, con las manos muy manchadas de sangre. Y otros tantos directivos convenientemente alejados, altos funcionarios, y jefecillos elegidos a dedo.