Las cuentas especifican que los administradores y el personal de alta dirección no cuentan con obligaciones en materia de pensiones o seguros de vida. La sociedad, eso sí, ha aumentado sensiblemente las primas del seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados en el ejercicio por sus administradores: de apenas 35.506 euros en 2019, Ribera Salud aumenta el desembolso a los 72.299 euros en 2020, al calor de los abundantes contenciosos con la Generalitat Valenciana por las reversiones de las concesiones.
Ribera Salud ha fichado durante el año de la pandemia a tres nuevos directivos (pasando de nueve a 11) y cuenta con siete administradores. Con un resultado neto de 4,9 millones de euros en 2020, el consejero delegado más conocido de la firma, Alberto de Rosa, ha sido nombrado director ejecutivo para Europa de Centene Corporation, la multinacional estadounidense propietaria de Ribera Salud. El directivo es hermano de Fernando de Rosa, expresidente del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y exconseller de Justicia del Gobierno de Francisco Camps.
El modelo Alzira de privatización de la sanidad se ha expandido a otras administraciones controladas por el PP como la Comunidad de Madrid o Galicia, mientras que en la Comunitat Valenciana la firma mantiene un largo contencioso con el Ejecutivo autonómico del Pacte del Botànic (59 recursos según el recuento de este diario).
Los sueldos de los directivos y administradores de Ribera Salud superan a otro gran símbolo de la colaboración público-privada en el sector sanitario: el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) que dirige el exconseller del PP Manuel Llombart. Su sueldo como director general del IVO ronda los 300.000 euros.
