La red de hospitales privatizados que promovió desde 2004 a partir de convertirse en presidenta autonómica ha probado ser un foco de descontrol en el uso de dinero público. Diez centros concedidos a empresas a cambio de un canon anual durante tres décadas. La empresa construye y gestiona administrativa o, incluso, sanitariamente los hospitales. Y la Comunidad de Madrid paga.
El descontrol y la falta de eficacia de este sistema ha sido señalada en varias ocasiones por la Cámara de Cuentas de Madrid, el órgano fiscalizador autonómico. Además, con los hospitales ya funcionando, las empresas concesionarias protestaron porque no les rentaba el negocio tal y como lo habían firmado. Pidieron más dinero. Aguirre se lo concedió en 2010 con un acuerdo de su Consejo de Gobierno no hecho público: un incremento de 80 millones al año. “Restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión”, lo llamaron. No habían pasado ni cinco años desde su puesta en marcha y les quedaba más de 20 por delante.
"No le quepa duda de que la empresa privada es más eficaz", era el lema con el que Aguirre justificaba la externalización del servicio sanitario. Sin embargo, en otra revisión de la Cámara de Cuentas, el órgano puso de manifiesto —aunque en la versión final omitió estos datos— que el mismo tipo de tratamiento podía costar hasta seis veces más en alguno de estos hospitales concertados que en los de gestión pública directa. En algunas intervenciones ambulatorias, las desviaciones llegaban al 743%.
