Desde enero de 2011, la ciudadanía española residente en el exterior, está obligada a "rogar" su voto.1 La reforma de algunos artículos de la legislación electoral española (pactada por el PP y el PSOE, con apoyo externo de CiU) abrió la puerta a una práctica que, desde un primer momento (Elecciones autonómicas de España de 2011)
demostró tener unos efectos devastadores en la participación electoral
de los expatriados españoles: la abstención (que los detractores del
Voto Rogado arguyen que es "inducida") creció en todas las consultas por
encima del 90% del censo.2
Los problemas principales de esta práctica están ligados, no solo al
"ruego" en sí, sino a la multiplicación de trámites para poder votar, a
un acortamiento irracional de los tiempos (sobre todo, para los
españoles que residen fuera de la Unión Europea,
que es el caso de 2/3 de los expatriados) y a la práctica inexistencia
de una publicidad institucional, didáctica y eficiente, que explique
correctamente a los electores cómo deben proceder. Además, existe un
agravio comparativo de facto, ya que toda esta situación, de momento, no la padecen los españoles residentes en el territorio nacional. (Ver más >)
