Conocer quién posee los medios de comunicación, qué conexiones con el Estado tienen los miembros de los consejos de administración de los grandes grupos mediáticos, saber si han firmado contratos con las administraciones públicas y dónde se encuentran el resto de sus intereses económicos. Son aspectos fundamentales para que los ciudadanos evalúen la credibilidad de un medio y para que los poderes públicos aseguren la pluralidad de la esfera informativa pero que, pese a ello, permanecen ocultos para los europeos.
Periodistas, sindicatos, activistas, editores y organizaciones que velan por la libertad de prensa han pedido este martes en Madrid un marco legal que haga esta información transparente para los ciudadanos. Argumentan que el derecho a acceder a estos datos es intrínseco al derecho a la información: en España, por ejemplo, cuatro consejos de administración controlan el 80% de las audiencias de televisión y radio, pero es prácticamente imposible para los ciudadanos rastrear qué conexiones con lo público tienen sus miembros.
Saber cómo se distribuye la publicidad institucional (el dinero público que ayuda a financiar los medios de comunicación) es otro de los factores clave para lograr una transparencia efectiva de los grupos mediáticos. "Ahora no sabemos qué dinero público acaba en qué medio de comunicación"
En las últimas fechas se han presentado herramientas digitales impulsadas por grupos ciudadanos que buscan combatir este problema. Kaos155 (una referencia al 15-M y no al artículo constitucional que ha capado el poder institucional de la autonomía catalana, aseguran sus desarrolladores) ha sido diseñada en el contexto del hacklab de La Ingobernable, un centro social autogestionado de la capital. Se trata de un buscador capaz de dibujar un diagrama de relaciones entre las empresas contratistas del Estado. Su código se liberó en octubre de 2017.
