Fue el propio gobierno de Manuel Chaves el que se encargó de que esas subvenciones a empresas y trabajadores eludieran los protocolos ordinarios legales. Para ello, el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el también ex consejero Antonio Fernández, que entonces era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmaron un convenio para darle aspecto de normalidad jurídica a un procedimiento extraordinario que en la práctica suponía saltarse todos los protocolos formales.
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